La medida forma parte del plan de reformas impulsado por la gestión del presidente Javier Milei y apunta a incorporar capital privado en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión había sido anticipada horas antes por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde sostuvo que la privatización permitirá mejorar la calidad del servicio y promover nuevas inversiones en infraestructura.
Según detalló el comunicado oficial, el procedimiento se realizará mediante una licitación “de etapa múltiple”, en la que se evaluarán aspectos técnicos, financieros, patrimoniales y legales de las empresas interesadas. La convocatoria estará abierta tanto para firmas nacionales como internacionales y tendrá como objetivo seleccionar un operador estratégico especializado en servicios de agua potable y saneamiento.
El cronograma fijado por el Ejecutivo establece que la recepción de ofertas se extenderá hasta el próximo 27 de agosto. Ese día se realizará la primera apertura de sobres, correspondiente a la etapa de evaluación técnica y legal de los oferentes. Luego continuará el proceso de precalificación, la apertura de las propuestas económicas y finalmente la adjudicación.
La coordinación de la operación quedó en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismo creado por el Gobierno para avanzar con el programa de privatizaciones y reorganización de compañías estatales. Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo es garantizar un proceso “profesional y transparente”.
De acuerdo con lo informado oficialmente, el 10% restante de las acciones de AySA permanecerá en poder de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), mientras que el resto será transferido al sector privado.
El Gobierno sostiene que la incorporación de un operador privado permitirá fortalecer la capacidad de inversión, modernizar la infraestructura y garantizar un esquema “sostenible y previsible” para la prestación del servicio. Además, aseguró que la llegada de capitales privados favorecerá la expansión de las redes de agua y cloacas y mejorará la calidad del servicio para los usuarios.
La privatización de AySA se convirtió en uno de los proyectos más importantes del plan económico impulsado por la administración de Milei, que busca reducir la participación del Estado en distintas empresas públicas. En ese marco, el Ejecutivo reiteró que “el Estado no debe administrar empresas”, sino generar condiciones para que el sector privado invierta y compita.
Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. Según datos de la compañía, la cobertura alcanza a más del 85% de la población en agua potable y supera el 70% en servicios cloacales.
Con esta operación, el Gobierno espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares y avanzar hacia un esquema de concesión privada que tendría una duración estimada de 30 años para la prestación del servicio en el AMBA.
Desde el oficialismo remarcaron que el programa de privatizaciones continuará “de manera concreta y sostenida”, en línea con las políticas de ajuste y reducción del Estado que impulsa la gestión nacional desde diciembre de 2023.