Como se sabe, el 3 de julio pasado, un grupo de
aproximadamente 20 estudiantes no pudieron entrar al Colegio Montesori; ante
tal medida, se argumentó desde la dirección la falta de pago de las cuotas
mensual.
El caso en si mismo es indignante, pero peor al caso mismo
es la demora del Ministerio de Educación a resolver una medida ejemplificadora
para los colegios privados que privilegian la cuestión comercial en su
accionar.
Desde distintos organismos del mismo Estado provincial se
encargaron de señalar al Ministerio de Educación como responsable de actuar en
el caso; así debe entenderse las manifestaciones de representantes de la
Dirección de Derechos Humanos o desde la delegación local del Instituto
Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia (INADI).
En nuestra provincia, la educación que brindan instituciones
privadas, es subsidiada con el salario de los docentes. Es decir, que los
colegios privados no pagan los salarios de sus docentes, sino que los abona el
Estado provincial.
Esta asistencia estatal es la que habilita al Ministerio de
Educación accionar contra el Colegio Montesori, que para reclamar el pago de la
cuota mensual debería tomar medidas distintas, pero que no implique la cuestión
violenta y discriminatoria de prohibir el ingreso de los alumnos.
Pero el silencio incomprensible del Ministerio de Educación
de la provincia, cuyo slogan habla de la inclusión social, parece esconder el
temor a sancionar a una institución privada y en elevación, estimula la demanda
por la educación privada, la cual no por si misma mejor que la pública. Este
caso lo demuestra.