También participaron los ministros de las 23 jurisdicciones del país, parte de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y los representantes de los sindicatos docentes.
En la oportunidad, se estableció por unanimidad la consolidación de un criterio federal -que contemple las heterogeneidades del territorio nacional- en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia: no habrá calificaciones numéricas. La evaluación de los alumnos en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar. El propósito de este tipo de evaluación es orientar mejor los procesos de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales. En el caso de las escuelas de periodo especial de Catamarca, se trabajará en una normativa jurisdiccional para acreditar la promoción de los alumnos al siguiente curso.
Asimismo, en la reunión se presentaron los lineamientos confeccionados por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que pondrá en marcha, a partir del 26 de mayo, la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica cuyos resultados serán dados a conocer en julio. La misma incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como fin relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Esta evaluación nacional recabará y analizará las propuestas y experiencias desarrolladas por diversos países frente a la pandemia; las características y alcances de las políticas implementadas desde los niveles nacional y provincial de la educación; las condiciones de enseñanza y de organización del trabajo docente; y las condiciones institucionales de organización y sostenimiento de la continuidad pedagógica.
La muestra de 5 mil escuelas será representativa de las 52 mil escuelas de la educación obligatoria del país -tanto estatales y privadas como rurales y urbanas- y la encuesta será respondida de forma anónima por 5 mil directivos y 25 mil docentes a través de preguntas cerradas y abiertas, y entrevistas en profundidad. Los hogares serán consultados a través de encuestas telefónicas. Esta línea será desarrollada en colaboración con Unicef para las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades educativas en los hogares.
Además, se realizará un relevamiento y un análisis de la matrícula escolar previa y posterior a la suspensión de clases presenciales para diseñar estrategias que colaboren con la reducción del abandono escolar.
Por último, se convino comenzar a confeccionar los protocolos para el regreso a las aulas cuando el comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que están empezando a transitar los países europeos.
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