Las entidades sindicales reclaman la aplicación de la ley de presupuesto universitario, promulgada por el Gobierno nacional, pero postergada en su ejecución.
"El Gobierno promulgó la Ley 27.795, que reconoce la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas. El propio decreto admite una deuda del 40,25 % entre la inflación y los aumentos otorgados desde diciembre de 2023. Sin embargo, la norma no se aplicará por ahora: el Ejecutivo suspendió su ejecución hasta que el Congreso defina cómo financiarla en el Presupuesto 2026", señala un comunicado.
"En resumen, se reconoce la pérdida salarial y el derecho a recomponer sueldos: se ratifica la actualización por inflación (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas al básico, pero no hay pago inmediato: todo depende de la inclusión de fondos en el próximo presupuesto. La ley es un avance político importante, pero su cumplimiento económico aún está pendiente", finaliza.
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