La Intersindical Docente de Catamarca difundió un comunicado en el que reclama al Gobierno provincial que dé a conocer un diagnóstico integral sobre el estado real de los edificios escolares y evite presentar “una verdad a medias” respecto a las obras de infraestructura.
El pronunciamiento, acompañado –según indicaron– por registro fotográfico y audiovisual de establecimientos de distintos puntos de la provincia, sostiene que si bien valoran las intervenciones realizadas en alrededor de 100 escuelas, resulta imprescindible informar con claridad cuál es la situación de las más de 700 instituciones educativas que funcionan en el territorio provincial y cuáles requieren atención urgente.
Desde el espacio sindical señalaron que la sociedad catamarqueña “merece conocer la realidad completa”, tanto en Capital como en el interior, con sus avances, pero también con sus carencias y deterioros. En ese sentido, advirtieron que no se debe “transgiversar la situación” ni generar una apariencia de normalidad que no refleje lo que sucede en numerosos establecimientos.
La Intersindical afirmó que su postura no busca una confrontación estéril, sino visibilizar las problemáticas edilicias que –aseguran– persisten en varias escuelas. “Defendemos el derecho a la infraestructura escolar porque defendemos el derecho a educar y aprender en condiciones dignas y seguras”, expresaron, al tiempo que remarcaron que se trata de una demanda de docentes, estudiantes y comunidades educativas.
En el comunicado, también solicitaron al gobernador que tome conocimiento personal de la situación, disponga un relevamiento integral y avance con un plan “efectivo, urgente y transparente” para intervenir en todos los edificios que lo necesiten.
Además, reclamaron la conformación inmediata de una Comisión Técnica de Infraestructura en el ámbito paritario docente, con participación de las áreas provinciales competentes –como Infraestructura, Educación y Desarrollo Social– para abordar de manera coordinada y permanente la problemática edilicia.
“El derecho a la educación pública se defiende con hechos”, concluye el documento, al advertir que la infraestructura escolar “no puede seguir esperando”.