La medida se adoptó a pocas horas del inicio del ciclo lectivo, ante la preocupación de las familias por las condiciones en las que se encuentra la institución. Según manifestaron, el edificio no estaría en condiciones de garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.
Oportunamente, los progenitores habían presentado una nota formal ante el Ministerio de Educación detallando las distintas problemáticas estructurales y solicitando una pronta intervención. Sin embargo, hasta el momento no habrían recibido respuestas concretas por parte de las autoridades.
Entre las principales falencias denunciadas se encuentran pozos de sanitarios hundidos, cableado eléctrico antiguo y considerado riesgoso, además de sectores del edificio que presentarían peligro de colapso.
Los padres aseguraron que la medida de fuerza se mantendrá hasta obtener una solución que garantice condiciones seguras para el normal desarrollo de las actividades escolares. La comunidad educativa permanece a la espera de una respuesta oficial.