A través de un comunicado, los educadores sostuvieron que el entendimiento “impone un esquema que condena a los trabajadores de la educación al ajuste y a la pérdida del poder adquisitivo”, en un contexto marcado por aumentos inminentes en tarifas, combustibles, alquileres y el costo de vida en general. Según indicaron, el incremento acordado mantiene los salarios por debajo de las necesidades básicas y profundiza la precarización laboral.
Desde el espacio autoconvocado remarcaron que el resultado se encuentra muy lejos del reclamo central que sostienen desde hace meses: llevar el salario básico a $1.300.000. Además, cuestionaron el cierre de la paritaria hasta 2027, al considerar que esa decisión “ata de manos a los trabajadores y consolida el ajuste”, por lo que anticiparon que continuarán exigiendo la reapertura de la negociación salarial sin techo.
No obstante, reconocieron que la movilización y la organización lograron avances concretos, como la apertura de asambleas para la cobertura de cargos, procesos de titularización docente y mejoras vinculadas a zonas desfavorables y a sectores históricamente postergados. “Ninguno de estos puntos formaba parte de la agenda inicial del Gobierno. Son conquistas producto de la acción directa de la docencia”, afirmaron.
En el documento también denunciaron que el acuerdo fue impuesto en el marco de una negociación que calificaron como “una farsa”, ya que —según su postura— la mesa paritaria no buscó mejorar las condiciones laborales sino legitimar decisiones previamente tomadas. Asimismo, señalaron que existió presión para aceptar el esquema salarial bajo la amenaza de retirar las mejoras logradas durante el conflicto.
Los autoconvocados cuestionaron además el rol de la dirigencia sindical, a la que acusaron de firmar el acuerdo pese al rechazo expresado por docentes en distintos ámbitos de consulta. Para el sector, esta situación explica el crecimiento del movimiento autoconvocado en toda la provincia.
Entre los reclamos que continúan vigentes mencionaron la recomposición salarial real, mejoras en la infraestructura escolar, estabilidad laboral, cobertura total de cargos y la defensa de la educación pública junto a estudiantes y familias. También rechazaron los descuentos aplicados por días de huelga y denunciaron mecanismos de disciplinamiento impulsados por el Gobierno.
Finalmente, aseguraron que el actual escenario representa “un momento bisagra” para la docencia, ya que dejó aprendizajes organizativos y conquistas parciales que servirán de base para futuras medidas de mayor alcance. “La paritaria se cerró, pero el conflicto sigue abierto. La lucha continúa”, concluyeron.
