Según señalaron, la liquidación salarial incluyó quitas que, en numerosos casos, superan el monto correspondiente a los días de paro. Afirmaron que la situación se presenta con mayor gravedad en el nivel secundario y en áreas especiales, donde —indicaron— se registraron descuentos “desmedidos e irracionales”.
El planteo también advierte que, pese a haberse detectado errores con anterioridad, las autoridades avanzaron con la liquidación sin realizar rectificaciones. Además, remarcaron que en el interior provincial el impacto fue aún más severo, afectando de manera directa la economía de los docentes.
Otro de los puntos que genera preocupación en el sector es la imputación de faltas injustificadas. De acuerdo al comunicado, estas derivan en apercibimientos que afectan los legajos profesionales, el concepto docente y la carrera laboral. “Se trata de una sanción encubierta por ejercer un derecho constitucional”, sostuvieron, y agregaron que en algunos establecimientos privados estas medidas ya comenzaron a aplicarse.
En ese marco, los docentes cuestionaron que, bajo el argumento de una conciliación obligatoria de alcance local, se desconozca el carácter colectivo de la medida de fuerza, la cual —afirman— se encuentra amparada por el derecho a huelga. “La intención es disciplinar, generar miedo y debilitar la organización”, expresaron.
Asimismo, el sector criticó el accionar de la dirigencia sindical, a la que acusaron de acompañar la postura oficial en lugar de defender los intereses de los trabajadores.
Frente a este escenario, los docentes autoconvocados exigieron la devolución inmediata de los haberes descontados, rechazaron los apercibimientos y cualquier tipo de sanción vinculada al ejercicio del derecho a huelga, y repudiaron el impacto negativo sobre los legajos y la carrera profesional.
Finalmente, remarcaron que continuarán organizándose y movilizándose en defensa de sus derechos. “La docencia no puede ser castigada por luchar”, concluye el comunicado.