Sería necesario implementar una campaña de concientización para toda la población y que sepa de los riesgos de comprar medicamentos en cualquier lugar no autorizado. Esta modalidad tuvo un significativo crecimiento a comienzo de los años 2000, impulsados por la crisis. Funcionó el “sálvese el que pueda” que al decir de Ernesto Sábato “no sirve y es inmoral”.
Tal vez como una suerte de “contramedida” en las farmacias se podían comprar juguetes, relojes, bijoutería de toda clase, alhajas, receptores de radio y artículos fotográficos, entre otros.
Un evidente desmadre que determinó la adopción de medidas tendientes a poner orden en este asunto, medidas que contaron con el beneplácito de las partes involucradas, vale decir, farmacéuticos y quiosqueros.
No obstante, la disposición que motiva estas líneas en algunos lugares parece ser “letra muerta” al amparo de la falta de acción por parte del Estado –invariablemente ausente -, que no pone punto final a una comercialización que, al no ser autorizada, asume perfiles de clandestinidad susceptible de ser sancionada. Lo que se halla en juego es la salud de la población que por ignorancia o por comodidad acude a los quioscos en procura de un antibiótico y es “asesorado” –el cliente-, sobre posología, forma de administración, dosificación y supuestas contraindicaciones por el quiosquero devenido en farmacéutico. Es tarea más que indicada para los integrantes de la Dirección de Inspección General y de todo otro organismo estatal que esté en condiciones de actuar en la emergencia y terminar con la competencia desleal y asumir el consejo del Viejo Vizcacha cuando dijo que “Cada lechón en su teta es el modo de mamar”.
Por cierto y de última se trata de que las cosas funcionen dentro de la ley, como propias de un país responsable y organizado con disposiciones que protegen a la gente.