En este sentido, la mujer cargó la responsabilidad al gobierno provincial y la complicidad del municipio a cargo de José Perea por la represión del 15 de febrero. “El gobernador es el que no está dando la cara, jamás nos quiso escuchar a los andalgalenses. Nos obligaron a que nos interesemos por este emprendimiento minero, que tenemos a escasos kilómetros de Andalgalá. Nuestro intendente nos mandó a reprimir con gases lacrimógenos, haciéndonos vivir un momento de guerra", manifestó.
En esa línea, criticó la “criminalización” que se intenta hacer de los ambientalistas. “Seguiremos reclamando pacíficamente, pese a que se dice que nosotros generamos violencia. No somos ningunos violentos. El gobernador es quien nos mandó a matar, y a lastimar al pueblo. A él lo hago responsable”, sentenció.
“Quizás la lucha sea larga, pero acá vamos a estar hasta que la empresa se vaya de Andalgalá. La gente está dejando de tener miedo. Esa fue la lucha de El Algarrobo, informar al pueblo. Jamás nos pusimos a pelear con la gente empleada por la empresa. Nuestra lucha es contra la empresa, para que se vaya de Andalgalá”, concluyó.