El próximo viernes se cumplirán 20 años de la desaparición de la estudiante chacarera María Soledad Morales, hecho policial que tuvo una importante trascendencia política. Al respeto, los familiares de la joven hablaron con el diario Clarín de Buenos Aires, y aseguraron tener la sensación de que nadie está pagando por el crimen.
La misma idea hicieron trascender los padres de María Soledad cuando Guillermo Daniel Luque recuperara su libertad en el mes de abril pasado. En esa oportunidad se insinuó la posibilidad de realizar marchas contra la medida dispuesta por la Justicia local, pero la iniciativa fue abortada por las fuerzas políticas del oficialismo, que fueron las que se aprovecharon de aquella explosión social de 1990.
Fundamentalmente porque entendían que propiciar marchas desde el mismo Gobierno del FCS sería abrir la puerta para que en las marchas se manifestaran sectores que sufren injusticias de todo tipo del gobierno actual. En definitiva, las marchas de silencio de los años ’90 fueron la expresión de descontentos contra el gobierno justicialista de aquella época; abierta otra vez la posibilidad, los reproches serian contra el gobierno del FCS.
María Soledad Morales desapareció el ocho de septiembre de 1990, después de haber participado de una fiesta para recaudar fondos para el viaje de fin de curso.
La joven concurría a 5º año del Colegio del Carmen, y tres días después fue encontrada sin vida en inmediaciones del Club Parque Daza. Ahí comenzó un proceso de reclamo por el esclarecimiento pero que paralelamente se propiciaba la intervención política del gobierno provincial. Eso fue lo que finalmente dispuso el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem.
El caso derivó en sucesivos escándalos judiciales y mediáticos que poco sirvieron para el verdadero esclarecimiento de la muerte de la joven. Como sea, la principal fuerza política beneficiada por la intervención política, el radicalismo, no hizo mucho para esclarecerlo. Más aún, hasta el día de hoy los padres de la joven insisten con complicidades no castigadas de las personas que fueron acusadas, pero a esas acusaciones el gobierno del FCS nunca las atendió.