El pasado 6 de diciembre de 2010, el Gobernador Eduardo Brizuela del Moral, el ministro de Obras y Servicios Públicos Juan Acuña y el secretario de Agua y el Ambiente Oscar Doering firmaron el decreto que autorizó el llamado a licitación para esta obra, cuyo presupuesto oficial asciende a $41.891.684,18 con un plazo de ejecución de un año y medio.
De esta manera, el segundo tramo del acueducto comprende la construcción de unos 10 Km. de cañería al centro de distribución o “Planta Nº 1” y la construcción de depósitos.
Con relación a los beneficios que se obtendrían a partir de la puesta en funcionamiento de esta obra, se destaca que se contará con un servicio de agua potable sin interrupciones, ya que el mismo será independiente del sistema de bombeo eléctrico. Del mismo modo, los costos de agua para el consumo humano se verán reducidos en su producción como así también los costos operativos. En consecuencia, todos estos beneficios se verán reflejados en la tarifa del servicio de agua potable
También se espera evitar pérdidas en el sistema de distribución por eliminación de sobre presiones en la red, se obviaran problemas de contaminación contribuyendo así al factor ambiental y la preservación del recurso, entre otros aspectos favorables.
Según información oportunamente publicada, la primera etapa de esta obra se hallaba paralizada por falta de pago al contrasta y ahora el Gobierno anuncia el llamado a licitación para la segunda etapa sin aclarar la situación en que se hallaría esa primera etapa.
En otro orden de ideas, el accionar del Gobierno parece que se hiciera en “cámara lenta” y los problemas acuciantes –como el del agua potable en este caso-, no son objeto de un régimen especial de contratación y ejecución que contemple situaciones de verdadera emergencia que padece la población.
Es evidente que el peso de la burocracia excede todos los cálculos en materia de agilizar procedimientos y arbitrar soluciones.