Con motivo de una visita del juez al pabellón de Nº 8 del Servicio Penitenciario de Miraflores, un recluso tomó algunos colchones de su celda y les prendió fuego.
El equipo de asistencia actuó rápidamente; sin embargo, algunos efectivos sufrieron heridas de grado diverso dado que no tuvieron margen de acción para usar los respectivos trajes de seguridad necesarios para el caso.
Según se informó, el recluso permaneció en la celda durante el incendio y por ello, al ser atendido por personal médico, presentó un principio de asfixia lo que dio lugar a que lo trasladaran al hospital San Juan Bautista. Luego de ser atendido fue dado de alta y regresado al penal.
Con posterioridad a los hechos aquí relatados, se pudo saber que el verdadero propósito del interno era incendiar el pabellón Nº 8 en su totalidad.
Este grave episodio sirvió para dejar al desnudo que en la cárcel de Miraflores todavía existen colchones de material combustible cuando hace rato debieron ser cambiados por los colchones ignífugos.
Queda claro entonces, que los responsables del establecimiento penal no han podido, no han sabido o no han querido adoptar una medida que tiene que ver con preservar la vida de los internos y de los miembros del Servicio Penitenciario lo cual podría ser caratulado como “faltar a los deberes de funcionario público”. Un delito de instancia administrativa pero pasible de ser sancionado.
En el transcurso de estos hechos, se mencionó que el sistema contra incendios no funcionó como corresponde. Un dato importante a tener en cuenta a la hora de establecer los motivos por los cuales ese dispositivo fracasó, determinando fehacientemente si fue por falta de mantenimiento adecuado, por mala calidad del sistema o por lo que fuere.
El conocimiento sobre las fallas que pudieron afectar este aparataje no debe quedar en la nada. Adviértase que se trata de elementos vinculados a la seguridad no sólo de las personas sino de todo el establecimiento.
Otra cuestión que –a nuestro juicio--, no es debidamente atendida es la que se relaciona con la posesión de encendedores, por parte de los internos. Esto demuestra que hay un relajamiento de la disciplina y que los controles, en la práctica, son inexistentes y favorecen un estado de cosas singularmente alarmante enmarcado en un clima de inseguridad generalizada emparentada con vestigios más o menos protuberantes de corrupción. Ya se sabe; en el presidio todo tiene un precio. Al parecer, los encendedores deben cotizar muy bajo, a “cinco por dos pesos”. Para algunos, menos que una vida humana.
Resulta evidente que se impone la adopción –en forma inmediata--, de medidas drásticas que pongan fin a una situación que lejos de disminuir en hechos peligrosos, va en aumento, como si fuese una epidemia o el advenimiento repentino de una moda.