Estas nóminas permitían que –llegado el caso y si las circunstancias así lo exigían-, efectuar impugnaciones que, obviamente, debían estar perfectamente fundadas.
Era una disposición que aseguraba la transparencia en el proceso de asignación de viviendas inspirando confianza en la comunidad.
Por cierto, no es motivo de estas líneas detallar el número de impugnaciones que se registraron. Es –posiblemente-, un dato de carácter reservado que se hallará a buen recaudo en los archivos de IPV y que no viene al caso.
Sucede que en estos últimos tiempos esos listados no son dados a conocer y el IPV ha entregado cientos de casas en distintos puntos de la provincia sin llenar lo que –supuestamente-, debe ser considerado como un requisito de cumplimiento obligatorio.
Por cierto, nos estamos refiriendo a publicación de nóminas en los medios digitales de los cuales existe una docena en Catamarca y cuyo número de lectores ha de exceder –probablemente-, al de los medios impresos. La gratuidad, la comodidad y la agilidad informativa de los medios digitales han hecho que hoy sean preferidos por una mayoría del público lector.
A mediados de esta semana, el Gobernador hizo entrega de 140 viviendas durante un acto que contó con la presencia del candidato a vicegobernador y actual intendente capitalino, Raúl Gaspar Guzmán y el candidato a intendente del FCyS, Luis Fadel, entre otros funcionarios y adjudicatarios.
Los medios no tuvieron más remedio que informar sobre un hecho consumado casi “entre gallos y medianoche” y con un evidente tinte preelectoralista. Sobre quiénes resultaron beneficiados con una casa se cierne un manto de misterio y se habilita el derecho a sospechar de algún manejo poco claro. Algo que ocurre indefectiblemente con todos los actos de gobierno cuando carecen de la difusión que marca la ley.
En lo tocante al IPV, se podría suponer que la no publicación de las nóminas de adjudicatarios es una medida dispuesta por su titilar, el hijo del gobernador, cosa que no nos consta pero entra en el terreno de las suposiciones que crecen al amparo de la falta de transparencia. ¿Podrá el IPV aventar estas sospechas y retornar el buen camino de la amplia difusión de sus actos?