En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha una estrategia institucional integral que apunta al acompañamiento y supervisión en territorio como alternativa a la medida de encierro, a través de lo que se denomina régimen de “libertad asistida”.
¿Qué implica este régimen? Una transformación en los dispositivos penales juveniles, privilegiando la intervención centrada en el eje socio educativo, concebido en la capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos de los otros y de asumir obligaciones que les permitan llevar a estos adolescentes un proyecto de vida ciudadana.
Específicamente, el proyecto está dirigido a jóvenes infractores y/o presuntos infractores a la ley penal de hasta 18 años que residen en la región del Valle Central, otorgando especial prioridad a los menores de 16 años que se encuentran alojados y/o egresen de la Comisaría del Menor y la Mujer, la Alcaidía y el Centro Juvenil Santa Rosa.
Para la implementación del proyecto, la cartera social firmó el año pasado un convenio con autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), que derivó en el desembolso de casi 320 mil pesos. Con esos fondos se financia, entre otras cosas, la estructura que realiza el seguimiento de los casos y la intervención territorial para acompañar al adolescente en su reinserción social.
La propuesta comprendió la formación de un Equipo Móvil de Admisión y Derivación (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, seis operadores socioeducativos y un coordinador), que se encarga de entrevistar al adolescente que ingresa en alguno de los centros, para evaluar su situación y proponer un plan de trabajo a la autoridad judicial, con el objetivo de evitar que permanezca privado de libertad cuando existe una alternativa a la institucionalización.
El equipo técnico es el encargado de remitir los informes a las autoridades judiciales, para que cuenten con elementos e información concreta para decidir la inclusión del adolescente infractor en el régimen. En esta primera etapa de implementación del régimen de libertad asistida, el programa está trabajando con seis chicos.
Los operadores socioeducativos brindan las herramientas necesarias para viabilizar un proyecto de vida ciudadano, y acompaña al adolescente cuando concurre a la escuela, al centro de salud realiza distintos trámites, y busca estimular nuevos procesos de aprendizaje tendientes a la reconstrucción y revitalización de los vínculos familiares y comunitarios.
El régimen de libertad asistida prevé también la gestión de distintos recursos (becas escolares, tratamientos médicos, integración en organizaciones barriales, planes familiares, subsidios directos, entre otros) para brindar al adolescente y a su núcleo significativo la posibilidad de integrarse y reducir el grado de marginalidad y vulnerabilidad al sistema penal.
Nueva denominación
En la nueva estrategia de abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en forma articulada con las secretarías penales de los Juzgados de Menores y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Policía provincial. El protocolo de intervención para este tipo de casos establece, junto a la formación de un equipo técnico propio, el cambio de denominación de la Comisaría del Menor y la Mujer, que se desprenderá en dos instituciones que darán abordaje específico a cada grupo. De esta manera, se creará un Centro de Admisión y Derivación, con personal especializado, que dará la primera contención a los adolescentes en riesgo o en conflicto con la ley penal, y decidirá el curso de acción, para avanzar en el Sistema de Protección.