Se trata de alrededor de 50 personas que se presentaron en forma de protesta frente a Casa de Gobierno. Todos ellos son quienes quedaron cesantes durante la última dictadura militar.
El reclamo concreto es por la regularización del pago de haberes adeudados. Alrededor de 4 mil catamarqueños que fueron despedidos en el período 1976-1983.
De la manifestación también participaron damnificados del interior provincial. Se calcula el pago de una indemnización de 30 sueldos relativos a 11 mil pesos por cada trabajador, de lo cual el gobierno nacional se haría responsable de la deuda.
“Pedimos a diputados y senadores por Catamarca que se interesen y acompañen un proyecto de indemnización que impulsan otros legisladores que no son catamarqueños”, dijo uno de los presentes respecto a una iniciativa que está en el seno del Congreso de la Nación.