Para realizar estas tareas fueron designadas, la doctora Gladys Rosales y la Contadora Marianela Aguirre. En el caso de la primera profesional, aseguró que “la idea es tener la opinión de los beneficiarios, de las autoridades, comercios, escuelas y demás instituciones para conocer sus opiniones acerca de como está funcionando, cuál es el impacto que tiene, las mejoras que se le pueden hacer y en qué medida beneficia a los usuarios.”
Este sondeo se realizó el viernes pasado en Andalgalá, y en una primera opinión se consideró que “la opinión generalizada es que el impacto es favorable, pero que habría que hacer algunos controles para ver cómo se hace uso de este recurso que se destinan para este fin, si bien es cierto que se cumple con los controles de asistencia familiar, de vacunas y salud, sería bueno profundizar los controles para que el beneficio no se distorsiones ni malinterprete”. La opinión de los encuestados fue que las escuelas controlen el rendimiento de los alumnos cuyos padres reciben este beneficio y “tratar de orientar hacia actividades laborales de trabajo y que la gente no se acostumbre a un tipo de dádiva y que los controles no sean llevados por partidos políticos sino por la escuelas u otras instituciones que sean mas objetivas y útiles también”, según opinó una de las encuestadoras.
La contadora Aguirre aseguró que “en Andalgalá vinimos a ver directamente a las autoridades, comerciantes, al director del hospital, directores de escuelas” en todos casos lo que surge como un primer panorama es que “los chicos no vallan tan sólo por la asistencia, sino que rindan, que se controle que realmente estén estudiando”.
Las profesionales tienen plazo hasta fin de año para entregar el informe.