Desde que asumieron sus cargos, los integrantes del directorio sabían que el principal desafío consistía en administrar correctamente la energía que compra a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) todos los meses.
Se hacía cálculos que de 100 pesos que se invertían en la compra de energía, únicamente se recuperaban 65, que los otros 35 se perdían por culpa de los “colgados” al servicio y de otros que, aunque no son pobres, igualmente no pagan empleando subterfugios legales o influencias políticas para eludir la obligación.
Era y es injusto, que a un ciudadano común, se le exija el pago en tiempo y en forma, mientras que paralelamente, usuarios comunes u organizaciones o instituciones con influencias apelen a cualquier truchada para no pagar.
Pero cuando las nuevas autoridades implementaron a rajatabla el criterio de cortar el servicio a los morosos, sin contemplar su origen ni su procedencia, salto un colegio privado, que cobra a sus alumnos y a los que el Estado subsidia el salario de sus docentes, quejándose airadamente y denunciando como prácticas extorsivas algo que para el resto de los mortales es una obligación.
Hace bien la empresa ahora, a partir de los criterios que imponen las nuevas autoridades, de retirarles el medidor a los que no pagan las boletas, sean pobres y más aun si son ricos y poderosos; porque solo así podrá evitarse un derroche que nos cuesta a todos y que de paso, si se evita, contribuirá para las obras de infraestructura fundamentales para poner en marcha la provincia como la que todos aspiramos.