Con toda la legitimidad que cada persona, como ser individual, tiene derecho a expresarse, sobre todo en defensa de su bienestar y mejores condiciones de vida, en lo que hace al contacto y a las negociaciones sectoriales con los trabajadores debe comprenderse e interpretarse en su justa dimensión el rol protagónico que les corresponde a los sindicatos organizados.
No puede ser de otra manera, porque es desde las entidades gremiales como se ejerce el derecho de petición ante las autoridades estatales y/o las diferentes patronales, a través de los respectivos delegados.
Delegados que deben ser elegidos libremente por los afiliados de cada actividad, como del mismo modo se eligen a los directivos de cada sindicato, con la supervisión obligatoria e indubitable del órgano de contralor que es el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Ningún dirigente gremial puede serlo porque se le ocurra, o simplemente porque se le den las ganas. Debe estar afiliado a una organización y someterse a la voluntad y decisión de sus pares para asumir alguna responsabilidad de conducción. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que el sindicato es la asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto de defender sus derechos laborales y la conquista de nuevos beneficios.
La acción gremial se fundamenta en la unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes; es la expresión más legítima de la clase obrera organizada, la que gracias a su unidad, organización y constancia en la lucha ha conseguido importantes logros, que, de otro modo, no hubiera sido posible. Y por esa misma razón, los sindicatos son ardorosamente combatidos por las patronales explotadoras y los gobiernos antidemocráticos.
En numerosas oportunidades , llegando a la necesidad de intensificar las luchas extremas con huelgas y paros generales, para que se les reconozca mínimas conquistas, muchas veces escamoteadas por intervención de los organismos estatales parcializados con los intereses patronales, que tratan por todos los medios de desconocer el derecho de reunión o asociación, normados por la Constitución Nacional.
El sindicato –cualquiera sea- es la organización continua y permanente creada por los trabajadores para protegerse en su trabajo, mejorando las condiciones del mismo mediante convenios colectivos refrendados por las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo. En esta situación será más factible conseguir mejoría en las condiciones de trabajo y de vida; sirviendo también para que los trabajadores expresen sus puntos de vista sobre problemas que atañen a toda la comunidad de trabajadores.
Todo ello, en un marco regulado por autoridades competentes. Eso es lo que deben comprender las autoridades provinciales, incluidos prominentes figuras del actual gobierno, provincial que últimamente con el afán de “sumar” están “restando”, sobre todo legitimidad a las discusiones con los gremios. La metodología de convocar a simples agrupaciones o sectores de autoconvocados, pasando por encima y hasta ninguneando a las genuinas organizaciones obreras, se está convirtiendo en un arma de doble filo, con alto e innecesario costo político para nuestra gobernadora, la compañera Dra. Lucía Corpacci.
Como en todos los actos públicos se debe ser serio y responsable, principios de los que no pueden escaparse los gremios organizados, que para protestar o llamar a una medida de fuerza deben someterse a las autoridades que los rigen. Ningún sindicato puede ligeramente convocar a un paro o mandar a sus afiliados a una huelga sin el resguardo de los debidos procedimientos previos. Todo lo contrario de lo que por estos días se está observando en Catamarca, donde uno o dos empleados, arrogándose representaciones que legítimamente no les corresponden instan a paros de “brazos caídos” o “por tiempo indeterminado”, sin medir los riesgos injustificados a los que arrojan a sus compañeros.
Es muy triste llegar a la conclusión de que “la culpa no la tiene el chancho…”, como también es muy cierto que para el gobierno provincial “no debe dar lo mismo” un gremio organizado que un mero grupo de autoconvocados, sobre los cuales –al fin- no cabe ninguna responsabilidad, ni menos consecuencias acerca de sus insensatos procederes.
Roberto Antonio González
Diputado Provincial
Mandato Cumplido