Denuncian amenazas en cooperativa

Andalgalá © El CPN Jorge Bustos, encargado de administrar la cooperativa “El Fuerte”, más conocida como La Pulpadora, salió al cruce de los mensajes de texto que lo sindicaban como agresor de los trabajadores que reclamaban por el pago de sus salarios.  
miércoles, 20 de junio de 2012 00:00
miércoles, 20 de junio de 2012 00:00

Según Bustos, los trabajadores cercaron su casa el día viernes al mediodía impidiéndole viajar a Tucumán. “Yo tenia allá el dinero para pagarles lo que se le debía y lo único que les dije  es que tengan paciencia y que ya les iba a traer el dinero, me cercaron, me amenazaron físicamente y yo tuve que llamar a la policía, y cuando ellos supieron que la policía venía se dispersaron todos, cómo voy a amenazar a 30 personas estando yo solo”, sostuvo el profesional.

A su vez, aseguró que siempre respetó a los trabajadores de “igual a igual, jamás puse mi  título por encima de otra persona” aduciendo que los mensajes que se leyeron en una radio local son de gente que tiene “otros intereses” acotando que “yo soy la víctima”.

Según precisó, quien tiene contacto con la gente y es el encargado del personal es Roberto Reales. “Yo sólo administro la parte que se produce e informo a la empresa pero una relación directa con los empleados no  tengo, salvo que me pidan una atención ellos”. Otro de los que habría sufrido un escrache y amenazas verbales fue el presidente de la Cooperativa, el actual concejal del FPV Gustavo Álvarez.

Bustos informó que a los trabajadores se les pagó la primera quincena del mes de mayo y en esta semana se pagará la segunda, correspondiente a igual periodo que es lo único que se les adeuda, ya que se dispuso desde la gerencia para la producción, “para no seguir generando deudas laborales y para no tener problemas”.

Para poder cumplir con lo adeudado con la masa de trabajadores se vendió parte de la producción en la vecina provincia de Tucumán, “y molestar a gente amiga de que me compre y me pague de contado cuando normalmente las regla de mercado están a 30 o 60 días para el pago”.

Bustos adelantó que realizará una denuncia contra los trabajadores que se presentaron en su domicilio por amenazas verbales.

El episodio constituye una verdadera frustración para las expectativas que se habían generado en cuanto a trabajo y producción local, ya que el establecimiento estuvo paralizado durante décadas y en los últimos tiempos había adquirido gran movimiento y singular esperanza en la masa de trabajadores, la que en estos momentos se ve tronchada sin que nadie explique bien por qué. Y es dable mencionar que el emprendimiento fue subsidiado por las empresas mineras que invirtieron en él.

 

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