Lamentando las circunstancias a raíz de las lesiones sufridas por la Sra. Cintia Anahí Vega, quien se autoinflingió heridas en parte de sus piernas al prenderse fuego esta mañana, en señal de protesta mientras reclamaba por la entrega de una vivienda, el Gobierno de la Provincia tiene el deber de aclarar que la mencionada mujer “se viene negando sistemáticamente a aceptar las soluciones comprometidas y ya dispuestas desde distintos organismos del Estado”, indicaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría Privada de la Gobernación, que intervienen en el caso.
Al respecto se historió que “desde el lunes, en que la Sra. Vega inició su reclamo, se le otorgó un subsidio de alquiler por parte del Ministerio de Desarrollo Social, hasta tanto la Secretaría de la Vivienda le construyera una vivienda social, cuyo plazo de ejecución se estima en unos seis meses”.
La directora de Acción Social Directa del Ministerio de Desarrollo Social, María Castaño, gestionó y dispuso el otorgamiento del aludido subsidio de alquiler, que “la Sra. Vega se negó a aceptar, porque ella solicita imperativamente que se le entreguen las llaves de una vivienda, lo que materialmente no es posible en este momento por la inexistencia de una unidad en particular en condiciones de ser adjudicada”.
Por su parte, el secretario de Vivienda y Urbanismo, Octavio Gutiérrez “paralelamente, ya había dispuesto la incorporación de la Sra. Vega al listado de beneficiarios para la adjudicación de la próxima entrega de módulos habitacionales, contemplados en el programa de viviendas sociales, sin costo para los beneficiarios”, con la aclaración de que el aludido beneficio “se haría efectivo en un plazo de seis meses”.
También se explicó que la Sra. Vega, DNI 32.027.886, de 27 años, madre de tres hijos menores de edad, e inscripta desde hace 4 años –durante la anterior administración provincial- en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) “nunca pudo haber accedido a tal registro, ya que no tiene la capacidad de pago exigida, con un ingreso mínimo de 1.200 pesos mensuales, debidamente justificables, y un garante con remuneración de planta en el Estado”. Al respecto, se precisó que “la Sra. Vega es beneficiaria de la AUH (Asignación Universal por Hijo), por sus tres hijos menores de edad, que no es admitida por el IPV como justificación de ingresos”.
“Evidentemente, esta mujer ha sido maliciosamente engañada”, se explicó desde las áreas oficiales involucradas, concluyéndose que “se le abrieron falsamente expectativas sobre una solución habitacional, cuando son miles las familias, que aún debidamente inscriptas, siguen esperando pacientemente por la adjudicación de una vivienda”, cerró la Lic. Luisa Pérez de Vargas, quien lamentó y mostró profunda preocupación por el estado de salud de la Sra. Vega, “rogando por su pronto restablecimiento”.