El hecho saltó a la luz cuando una mujer se apersonó en el IPV solicitando saber si integraba la lista de los próximos adjudicatarios, informando que había pagado por ello. En su poder tenía supuestas planillas del IPV firmadas por ella y por un señor de apellido Rodriguez. Sin embargo, todo era trucho.
A partir de ello, Olivera radicó la denuncia correspondiente y se inició una investigación interna a fin de determinar las responsabilidades. Aparentemente, serían varios los casos como este.
Como se recordará, en la última etapa del gobierno anterior, también se llevó a cabo esta ilícita práctica por parte de personas que, aprovechándose de la necesidad de la gente, estafaron y engañaron a varias personas.
Por estos hechos fue juzgado y condenado un empleado (en ese entonces del Ministerio de Obras Públicas), que además era un conocido puntero del FCS.