Todo esto ha generado mucha preocupación en el pensamiento
colectivo de la comunidad de Andalgalá porque con esas movidas, está quedando
demostrado cada vez más, que esta ciudad y su zona de influencia, ha dejado de
ser un lugar de consumo para convertirse poco a poco en un espacio de
comercialización de estupefacientes; porque además no es la primera vez que
ocurren estas cosas.
Si a ello le sumamos la cantidad casi cotidiana de hechos
delictivos protagonizados por jóvenes y adolescentes que actúan en su gran
mayoría bajo evidentes efectos de diversas sustancias, por el patrón de los
trastornos de su conducta, los temores recrudecen, y hoy se siente como que ya
no se puede vivir sin rejas ni elementos
contundentes en las casas en las casas, considerando que dichos menores se
saben inimputables y por lo tanto, dueños de las calles, se justifican
ampliamente los temores de la gente.
A través de los medios locales de comunicación, diariamente
la población se informa o dá cuenta de diversos hechos de violencia en contra
de las personas o de la propiedad, frecuencia alarmante si se considera que
Andalgalá es una ciudad emergente, pero aún pequeña, demográfica y
urbanísticamente.
En ese marco,
El tema central del debate es el accionar de los
legisladores provinciales que no trabajan de cara a la realidad que hoy se vive
en la provincia, y una de las cosas que deberían hacer es, actualizar la
legislación vigente en materia de minoridad, de procedimientos judiciales y
redimensionar el rol del personal policial.
Por esa mora existente, la imagen de los diputados y
senadores es muy mala en la consideración popular, sin mencionar el nulo
prestigio de estos hacedores de leyes que no hacen ninguna ley.