La iniciativa establece los presupuestos mínimos para la protección del Arbolado Público con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas para el desarrollo de la vida humana.
Agregando que "Los árboles se constituyen como Bienes de Dominio Público del Estado y gozan de su característica esencial, que consiste en que están afectados al uso y goce de todos los ciudadanos”. Y prevé que debe prohibirse la poda, rebaje, desbrote, erradicación y tala de ejemplares del Arbolado Público, como así también cualquier acción que pudiere infligir algún daño a los mismos.
Toda persona física o jurídica responsable de los daños mencionados en el anterior párrafo debe reponerlo. En el caso de que se proceda a la tala o erradicación se exigirá la plantación de un ejemplar por cada año de edad del árbol y en el caso de que este dato sea desconocido se plantarán 50 ejemplares por cada pie eliminado”.