Según explicó Giuliani, la ley sobre discapacidad tienen rango constitucional, es de cumplimiento obligatorio y su no cumplimiento es considerado un delito de lesa humanidad.
Pese a esto, afirmó que la normativa "no se respeta ni desde lo más básico, como hacer un censo para conocer sus necesidades; ni tampoco respecto a la integración de las personas”.
Giuliani indicó que la población con algún tipo de discapacidad certificada llega al 15% en la República Argentina, por lo que instó a los candidatos en las próximas elecciones del 25 de octubre, pensar en este grupo de la sociedad.
"Hasta que no se nos de a las personas con discapacidad el lugar que nos merecemos y nos corresponde, nos va a ser muy difícil que se nos integre”, admitió, haciendo alusión a que en la mayorías de las direcciones de discapacidad que tienen los gobiernos, designan como responsables a personas que no tienen ninguna discapacidad.