En ese marco, los ocho agentes del servicio fueron dados de
baja por la empresa ASP a partir del 30 de diciembre pasado, luego de que se
les hizo efectivo el pago de algunos haberes adeudados, restando que se les
abonen tres meses, lo que –según el compromiso de las partes- se concretará en
la primera quincena de enero.
Los trabajadores cesanteados tienen cifradas esperanzas de
ser absorbidos por el Ministerio o por alguna empresa de seguridad local, a
partir de que se supo que se llamaría a licitación para la prestación del
mencionado servicio.
Cabe consignar que estos trabajadores cuentan con el apoyo
de los profesionales del nosocomio que valoran el trabajo realizado, la
responsabilidad y el compromiso para con la institución, puestas de manifiesto
por esta gente, y por otra parte consideran que no se puede trabajar sin
seguridad porque la casa es permanentemente víctima del vandalismo y la
delincuencia.
Con respecto a ello, se supo que ya desaparecieron varios
artículos del edificio, como las luces de emergencia, medicamentos y algunos
muebles, sin mencionar que la gente entra y sale de las dependencias sin
respetar zonas restringidas ni privadas, por la falta de personal de seguridad
que controle el movimiento de gente en el interior del hospital y hasta parece
que hay muchos temas que se escapan al control de los directivos.
Sería bueno que el Ministro Figueroa Castellanos, tome
cartas en el asunto y de manera inmediata se apersone en el hospital de
Andalgalá para evitar males mayores y daños irreparables o demasiado onerosos
para el erario provincial.