El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Dante López Rodríguez, reconoció hoy los inconvenientes planteados por un grupo vecinos de una de las torres del barrio 920 Viviendas, y aceptó las falencias presentes en la Torre I del emprendimiento edilicio construido hace más de 25 años.
No obstante, recordó que en los últimos meses se concretaron numerosas acciones en seis torres del sector, trabajos que se vieron afectados por la menor llegada de fondos desde el ámbito nacional, situación de endeudamiento que es de conocimiento público desde fines del año pasado.
"Estamos al tanto de las necesidades del barrio Huayra Punco, pero la coyuntura y la dinámica de financiamiento actual, que no comenzó hoy, nos impidió seguir con las tareas de saneamiento que veníamos llevando a cabo en el sector”, planteó el arquitecto a cargo de la Vivienda, quien adelantó que realizará gestiones ante las autoridades nacionales para conseguir una pronta solución a esta problemática.
Los trabajos hechos
Cabe recordar, en este sentido, que en los últimos años y hasta fines de 2015 se realizó el reacondicionamiento de seis torres del reconocido barrio capitalino. Las acciones consistieron en la refacción de 48 módulos de baño y cocina con su correspondiente reparación de muros, contrapisos, revestimiento cerámico, pintura y reemplazo de artefactos sanitarios, de cocina y lavadero. Las obras incluyeron la nueva instalación eléctrica y de gas de los edificios F, G y H, la restauración del sistema de desagües cloacales, y la reparación del sistema general de provisión de agua, con la colocación de 12 tanques de reserva de 1.100 litros, la conexión de cañerías de distribución de agua, y la sustitución y puesta en funcionamiento de seis cisternas de 1.000 litros. En cuanto a servicios generales, se trabajó también en las torres mencionadas y en otras tres torres, las A, B y E.
Al brindar más detalles sobre el caso, el ingeniero Víctor Hugo Ponce, director de construcciones del IPV, comenzó por aclarar que pese al reclamo de los vecinos de la torre I, "al Instituto no le corresponde intervenir en ningún edificio. A las últimas dos torres, la K y la J, las entregamos en el 2006, con lo que, si es por garantía, los plazos se cumplieron totalmente. Si de pronto hay fallas importantes, nosotros somos responsables por diez años, y desde ese punto de vista no tenemos ninguna obligación de dar una solución a estos problemas”.
Ponce, no obstante, enfatizó el hecho de que "ante el planteo que se le hizo a la gobernadora Lucía Corpacci años atrás, ella consideró que era prudente darle una respuesta a la gente”. "El problema, cuando se vive en propiedad horizontal, y más que todo por nuestra cultura, es que no se tienen presentes las obligaciones que se tienen cuando se comparten propiedades”, dijo Ponce, quien consideró crucial que los beneficiarios de las torres "nunca conformaron el consorcio del edificio, y eso es una cuestión básica. Cuando se vive en propiedad horizontal debe haber un consorcio que de alguna manera regule, que tenga un fondo mínimo con los aportes de cada uno de los adjudicatarios para hacer mantenimiento”.
"Lo que quiero hacer notar –continuó el ingeniero Ponce– es que nosotros tomamos la decisión de resolver estos problemas en función del compromiso de la gobernadora. Para este tipo de obras nosotros nos manejamos con fondos Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), que son bastante escasos, sobre todo estos últimos tiempos. En su momento, cuando los recursos nos lo permitían, hemos intervenido en los departamentos de seis torres. En tres torres, incluso, hemos intervenido en lo que concierne a la instalación interna de los departamentos. Cambiamos totalmente los baños, todo lo que son los elementos básicos para el agua caliente, los revestimientos, y en las cocinas hasta hemos cambiado las mesadas, y de hecho hemos incorporado termotanques eléctricos. Y todos esos trabajos los hicimos en la medida en que nuestra disponibilidad así lo permitía”.
