El proyecto fue impulsado por la concejal Liliana
Barrionuevo, a través del cual se habilita al Ejecutivo Municipal a
"vender en subasta pública los vehículos retenidos y/o secuestrados en la
vía pública”.
La iniciativa incorpora a la ordenanza N° 3306 del Código de
Faltas el artículo 30 bis sobre el "destino de los vehículos retenidos”, y
establece el uso de lo obtenido en la subasta.
Otro de los puntos a tener en cuenta es que los vehículos
deberán tener seis meses bajo la responsabilidad del municipio, y que podrán
ser vendidos por unidad o por partes, mediante subasta pública administrativa,
que deberá ser ordenada por el Juez Municipal de Faltas interviniente.
Los fondos obtenidos de esas subastas serán utilizadas para
solventar los gastos generados por el remate, y que en el caso de que
simultáneamente se subasten varias unidades, esos costos se prorrateen a cada
vehículo vendido.
De acuerdo lo plantea la iniciativa, los ingresos también
podrán ser utilizados para abonar las patentes impagas del vehículo registrado,
el traslado y estadía en el corralón municipal, el pago de las multas y sus
intereses.
