Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de
Salta, que entiende en el caso, presidido por Liliana Snopek e integrado además
por Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Santiago Díaz, al cabo de la
compleja teleconferencia tripartita, que hasta pasado el mediodía de hoy se
desarrolló en forma simultánea, desde tres escenarios distintos, en la capital
salteña, Catamarca y Buenos Aires.
En el TOF salteño estaban constituidos los
citado jueces intervinientes, en la sede del TOF local (ex Banco de Desarrollo)
se encontraban el fiscal de la causa Rafael Vehil Ruiz, el representante de la
querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Guillermo Andrés Díaz
Martínez, y el defensor de Rauzzino, Lucio Montero; mientras que en la Cámara
de Casación en los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, lo
hacía el ex militar y ex jefe de Policía de Catamarca, imputado en los hechos
que se investigan.
Inicialmente la secretaria del TOF de
Catamarca, Constanza Oviedo, informó que
la demora en el inicio de la audiencia –prevista originalmente a las 11 hs.- obedeció
a que "cuando se fue a buscar al imputado Rauzzino, éste se encontraba descompensado
en el Hospital Italiano, y una vez que regresó a su domicilio el personal de
Policía Federal recién pudo trasladarlo hasta la Excelentísima Cámara de Casación”,
sita en la sede de los tribunales porteños, pasado el mediodía.
Abierto el debate se le dio la palabra la
fiscal Vehil Ruiz, quien ratificó los argumentos que derivaron en la condena de
Rauzzino -dada en Catamarca el 15 de junio de 2012- a 10 años de prisión por considerarlo
"coautor material penalmente responsable (junto con el ex general Alberto Carlos
Lucena) de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de
organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos
de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda del
Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos; todo en concurso real”.
Por la misma causa, y con los agregados como
víctimas de Nelly Yolanda Borda y Francisco Gregorio Ponce, Lucena quien fuera
jefe del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada y gobernador facto en
Catamarca desde el 24 de marzo de 1976, fue condenado a 16 años de prisión, también
como "coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de
asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente
responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad
agravada; todo en concurso real”.
Sin embargo, Lucena de 98 años, quien también
era perseguido en la megacausa de La Perla, en Córdoba, fue sobreseído y
apartado del caso "Ponce-Borda I” por "incapacidad sobreviniente", de
acuerdo a estatuido por el artículo 77 del Código Procesal Penal. Los abogados del
represor habían esgrimido que padece "un cuadro de demencia irreversible”. En
este caso, la decisión fue adoptada por este mismo TOF salteño a través de los
jueces Marta Liliana Snopek y Mario
Héctor Juárez Almaraz, con la disidencia Federico Santiago Díaz.
En la continuidad de la audiencia de hoy, después
habló el querellante Díaz Martínez ratificando hasta con elogios los fundamentos
acusatorios del fiscal Vehil Ruiz, incriminando a Rauzzino como ejecutor y facilitador
del secuestro y detención ilegítima de Griselda Ponce y Julio Burgos, además de
responsable en asociación ilícita por el traslado de los mismos a campos de
detención en Tucumán, desde donde posteriormente desaparecieron "con el seguro
y lamentable destino de sus muertes”, enfatizó.
Las intervenciones de Vehil Ruiz, como de
Díaz Martínez, merecieron la aprobación, por momentos con aplausos de parte de
los familiares de las víctimas, entre quienes se contaban Noemí Toledo Ponce, sobrina
y prima de los desparecidos Ponce y Burgos, Dercy Borda y Fresia Gladys Borda hermanas
de Nelly Yolanda, y el Prof. Carlos Leiva, de la comisión de derechos humanos
de Belén. También estaban la diputada nacional Verónica Mercado y
representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, como de asociaciones
de familiares y amigos de detenidos, desparecidos y muertos durante la
dictadura del "proceso”.
Posteriormente llegó el turno del defensor de
Rauzzino, Lucio Montero, quien tratando de invalidar la postura del fiscal
Vehil Ruiz afirmó que "en la causa no están acreditados ninguno de los hechos
que se imputan a mi defendido”, y describió que "hasta por cuestiones de
jurisdicción los traslados de los detenidos de Catamarca (en aquella época) eran
hacia Córdoba y no ha Tucumán, donde la fiscalía sostiene que se vio a Ponce y
Burgos”.
Expuestas las posiciones de las partes, desde
Salta, la jueza Liliana Snopek comunicó que tras el análisis de los puntos de vista
aportados, y cotejados éstos con el contenido de la causa, el nuevo veredicto será
conocido el 3 de octubre próximo, a las 11 hs., con la misma modalidad de
audiencia.
Concluido el acto, los familiares tanto de
Ponce y Burgos, como de Borda, mostraban su desencanto por el nuevo
diferimiento de la sentencia, señalando que "lo único concreto es que deberemos
volver el 3 de octubre”, aunque esperanzados en que "ahora el tribunal tendrá la
oportunidad de hacer justicia”.
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