Los vecinos dicen que nunca recibieron ninguna comunicación al respecto, y aducen que viven en el lugar desde hace varios años e, incluso, poseen conexión eléctrica legal.
Advirtieron que resistirán la orden, pues señalaron que "no tienen otro lugar para vivir".
Lo curioso de la situación es la tardía intervención de la Justicia y de las autoridades competentes, ya que el conflicto es de larga data y nada se hizo al respecto hasta ahora. Ya en el 2014, la Municipalidad de la Capital había advertido a los usurpadores sobre un eventual desalojo.
Pasaron dos años, y en la actualidad las familias apostadas en el sector no sólo tienen luz, sino que algunas de ellas han instalado un kiosko, despensa y hasta elaboración de blocks para la construcción.