La principal objeción apunta al mal ejemplo (sic) que dan
los propios funcionarios del municipio que hacen uso y abuso de los vehículos,
no sólo propios, sino de los oficiales que son ocupados para diversas
actividades ajenas al municipio, y que transgreden las normas como dueños del
gobierno y del espacio.
El otro tema recurrente es la nula preparación y compromiso
de los agentes de tránsito –organismo de aplicación- para hacer cumplir las
ordenanzas y labrar las correspondientes actas de infracción, ya que las pobres
chicas no tienen idea de lo que tienen que hacer, además de deambular solas,
con su celular a full, sin ningún tipo de apoyo u acompañamiento, a merced de
las reacciones agresivas de los irresponsables que circulan por las calles de
Andalgalá y que no respetan semáforos, ni límites de velocidad, ni conteo de
decibeles, ni lugares de estacionamiento.
Hablar de la documentación del rodado, y casco, es una
suerte de utopía, percibida solamente por los indefensos vecinos que se atreven
a transitar por esas calles de Dios.
Los bien intencionados consideran que el caos vehicular y
legal es tan grande, que la aplicación de altas multas, además de favorecer al
municipio en términos de recaudación, resulta absolutamente necesaria y
totalmente oportuna, pero primero deberían haber capacitado a los agentes de
tránsito, solicitar el acompañamiento de la policía o buscar otra manera de
proteger a los agentes, de las impredecibles reacciones de los multados.
Opinan además que en caso de menores las responsabilidades
son compartidas con los padres que son quienes entregan los rodados a sus
hijos, sin las debidas recomendaciones acerca del respeto a la gente y los
límites de su propia libertad.
