Esta capacitación está dirigida principalmente a efectores
de salud sobre violencia obstétrica. Para la oportunidad, arribará el Director
Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría, lic.
Matías Garrido, quien estará acompañado por la especialista Silvina García
Conto.
El evento está organizado por la Delegación local de la
Secretaría y por el Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y
el Racismo (INADI), en conjunto con la Dirección de la Maternidad Provincial.
Para la capacitación fue invitado, además, personal de salud de clínicas y sanatorios
privados.
La violencia obstétrica afecta a la mujer y a su bebé
durante el embarazo, el parto e incluso, el postparto. Se manifiesta mediante
prácticas, conductas, acciones y omisiones, que el personal de salud ejerce de
manera directa e indirecta, en el ámbito público y privado, sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres.
La Ley 25.929 de Parto Humanizado promueve y defiende los
derechos de la madre y su bebé durante el proceso del nacimiento. "Intentamos
compartir el contenido de la ley y dialogar sobre las mejores prácticas, las
mejoras posibles en la atención diaria de pacientes y los mecanismos de
prevención para esta vulneración de derechos”, expresó la delegada Tiana Tarifa
Acosta al referirse a uno de los objetivos de la capacitación.
Cabe recordar que La Ley N° 25.929 de Parto Humanizado y su
decreto reglamentario N° 2035/2015 garantizan un espacio familiar donde madres,
padres y bebés sean los protagonistas y el nacimiento se desarrolle de la
manera más natural posible, en consonancia con las necesidades y deseos de cada
familia.
Por su parte, la delegada de INADI, María Luisa Moreno,
comentó que la violencia obstétrica "constituye una de las tantas formas de
violencia y discriminación que sufren a diario las mujeres y, quizás, una de
las más naturalizadas, a tal punto que no siempre se la reconoce como tal”.
Hablar de ésta no sólo implica reconocer diversas
situaciones de humillación, violencia y degradación que puede sufrir una mujer
al momento de realizar una consulta o asistir a un parto; supone también
reclamar derechos que son contemplados también en la Ley de Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
