Convocada por el Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de la República Argentina, la primera asamblea ordinaria del año se realizó el 20 y 21 de abril en Misión Chaqueña, comunidad wichí ubicada a 45 km de Embarcación, provincia de Salta. Debatieron el proyecto que en agosto se presentaría en el Congreso nacional.
“Un pueblo sin territorio es un pueblo ciego que no sabe dónde va”. La frase del líder wichí Jorge Palomo resume la importancia del tema analizado la semana pasada por cientos de mujeres, jóvenes, ancianos y ancianas de las etnias del país, preocupados por el futuro de las nuevas generaciones porque pese a la contundencia de los derechos consagrados en materia indígena, expresados no sólo en el artículo 75 incisos 17 y 19 de la Constitución, sino también en tratados internacionales ratificados por nuestro país, sus derechos son cada vez más vulnerados.
Para entender mejor este proceso de lucha, liderado por el qarashé formoseño Félix Díaz, debemos remontarnos al 14 de febrero de 2015, cuando representantes de los cuatro pueblos que integran la organización Qo.Pi.Wi.Ni (Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé) desembarcaron en la 9 de julio dispuestos a acampar hasta que sus reclamos fueran atendidos por la presidencia de la Nación. “La tierra es nuestra vida” fue la consigna entonces, y aún sigue vigente.
De ese proceso de resistencia y petición a los tres poderes surgió este proyecto de Propiedad Comunitaria Indígena, “como respuesta específica del Poder Legislativo ante el reclamo de seguridad jurídica sobre el territorio ancestral, arrebatado en sucesivas instancias por el Estado Argentino y por particulares que avanzaron sobre tierra indígena”, fundamentan.
En la cultura indígena, la relación entre los integrantes de una comunidad y el territorio ancestral es no sólo fuente de vida, sino parte esencial de su espiritualidad; dependen de él para sobrevivir como tales. Por eso, en los 34 artículos de este proyecto de ley se define claramente la Propiedad Comunitaria Indígena como un derecho humano fundamental que “respeta e incluye la noción de Territorio Ancestral, considerando al mismo como el espacio físico y espiritual dentro del cual se ha desarrollado históricamente la vida y la cultura de cada pueblo indígena”.
Lo que se reclama es que se les permita desarrollar su propio proyecto cultural de vida, y para ello entienden que es imprescindible recuperar no sólo la superficie, sino también el subsuelo, la biósfera y el espacio aéreo del territorio comunitario indígena. El alcance de este concepto los lleva a plantear, incluso, la restitución de los restos arqueológicos encontrados, “porque son parte vital de la cultura e identidad indígena”, y son de propiedad comunitaria, poniendo como garante no sólo al Estado nacional, también a los provinciales. Se supo que representantes de las comunidades de Andalgalá estuvieron presentes, entre los que se puede destacar a Juan Carlos Allosa y a Juana Sosa.
