En su pronunciamiento, exige “que el poder judicial se exprese sobre el fallo de la Corte que prohíbe el abuso de la prisión preventiva. En puntuales casos del presente, muchos de los detenidos no han sido condenados ni procesados, por lo que es una arbitrariedad mantenerlos con prisión preventiva, mucho más aún cuando el derecho es positivo y existe la presunción de inocencia”.
“Cómo organismo de derechos humanos –continúa-, esta situación nos lleva a tomar una posición y exigir que se cumpla con el debido proceso judicial respetando las garantías constitucionales correspondientes”.
Después describen que “en los últimos años, América Latina ha sufrido un retroceso en materia de derechos ya conquistados, como consecuencia del avance de la derecha en el plano político. De esta forma hemos observado como el ‘partido judicial’ se ha mostrado funcional a los intereses neoliberales y extranjeros, en contra del pueblo, persiguiendo e incluso encarcelado a sus líderes políticos”.
Y concluye que “por ello, consideramos esencial que, para estas próximas fiestas, no tengamos presos políticos, cuando –particularmente en la Argentina- se había logrado un lugar de vanguardia respecto la vigencia irrestricta de los derechos humanos, como a los consecuentes procesos judiciales para reparar la violación de esas conquistas irrenunciables”.
