"El procedimiento de los empleados de la Maternidad se ajustó a derecho"

El fiscal de Instrucción Jonathan Felsztyna habló sobre una supuesta denuncia realizada tiempo atrás por un grupo Pro Vida, por la realización de un aborto en la Maternidad 25 de Mayo a una menor de 15 años que había sido violada.
lunes, 16 de septiembre de 2019 16:50
lunes, 16 de septiembre de 2019 16:50

Felsztyna  informó que en realidad no se trató de una denuncia, ya que no existió ese procedimiento formal.

"No es que hay una denuncia, sino un actuar oficioso, se puso en conocimiento a las autoridades, se inició una investigación, y en esa investigación se le solicitó un informe a la Maternidad. No presentaba ningún tipo de delito penal; en todo momento el procedimiento del personal de la Maternidad se ajustó a la legalidad, no existe ilicitud si el procedimiento se llama Interrupción Legal del Embarazo".

Según el abogado, no hubo diálogo entre la Maternidad y los grupos provida como para que los mismos determinaran que se obligaba a la joven, y que, tal como indica la ley, se le hizo (a la menor) todo el examen previo para que se pueda realizar dicho procedimiento.

"Enviaron un informe muy completo de la Maternidad, donde al realizar este procedimiento se hizo un examen integral, la sometieron a una revisión con un psicólogo, con un psiquiatra, luego un médico le hizo un pre quirúrgico, es decir, si no respetaron todo, respetaron todos los pasos en la Maternidad, y ambos exámenes concluyeron en que la niña, además de las limitaciones propias de la edad para decidir sobre su persona, presentaba cierto grado de retraso madurativo que le impedía comprender ciertos actos básicos de la vida civil, por lo que actuó su representante, su madre, que firmó una declaración jurada".

Respecto a la declaración jurada destacó la importancia de dicho procedimiento. "La declaración jurada que firma la víctima, con su representante legal en este caso, pone en conocimiento que hubo un delito en contra de su integridad sexual, que conoce los por menores de la interrupción legal del embarazo y se somete al mismo, de manera que no hace falta la denuncia, más allá de que en este caso había denuncia, la declaración jurada lo reemplaza", explicó. Y amplió: "un precedente de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2012, dice que el Estado no puede poner barreras institucionales que demoren mucho más la interrupción del embarazo".

"En ningún momento los médicos violentaron la esfera de voluntad de la víctima, las posiciones religiosas deben ser dejadas de lados y empezar a ajustarnos a las normativas vigentes que hay", finalizó.

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