Desde el organismo se aclaró que la re-estatización de los servicios no es un argumento válido para implementar dicha disolución, ya que los usuarios no pueden elegir libremente quién les brinda el servicio por tratarse de actividades monopólicas naturales.
"De allí se desprende la necesidad, reconocida en las constituciones Nacional y Provincial, de la existencia de un órgano de control y regulación, independientemente de que el prestador sea privado (como sucedió en el pasado) o una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) como es actualmente en Catamarca. Cabe mencionar que, por ejemplo, en Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) mantiene sus funciones intactas, controlando a la empresa estatal EPEC; lo mismo ocurre en Entre Ríos, Formosa, Jujuy, y Santa Fe, por citar algunos ejemplos, donde los servicios son prestados por el Estado y aun así funciona un Ente autárquico que controla y regula la prestación de los servicios", señala un comunicado de prensa difundido por el organismo.
Y agrega: "Una eventual disolución del organismo catamarqueño pondría a los usuarios, en su condición de actor débil frente a las Empresas Distribuidoras, en una virtual situación de indefensión, al tiempo que pondría en riesgo la plenitud de sus derechos reconocidos constitucionalmente. En este contexto, cabe preguntarnos:
Quién garantizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas concesionarias; quién fijará y controlará la aplicación de las tarifas y los subsidios otorgados por el Estado; quién garantizará la participación de los usuarios y asociaciones civiles en los procesos de fijación de las tarifas; quién controlará la calidad del servicio que presta la empresa EC SAPEM a usuarios particulares, comercios, industrias, etc de la Capital y el Interior; quién defenderá a los usuarios por los daños ocasionados en los artefactos eléctricos; quién controlará la calidad del agua que llega a cada uno de los hogares del Valle Central garantizando que cumpla con los parámetros de potabilidad exigidos por la Organización Mundial de la Salud y el código Alimentario Argentino; quién hará controles físicos y químicos en las diferentes fuentes de agua o en los camiones cisternas; quién defenderá a los usuarios en su relación con las empresas".
