Carrizo comentó que el encuentro tuvo como fin ponerse a disposición con el compromiso de continuar gestionando y "llegar hasta las últimas consecuencias para que EC Sapem cumpla lo dispuesto por la ley".
Cabe recordar, que la madre de Máximo, Andrea Castillo González, vino solicitando a la empresa encargada de brindar el servicio de energía eléctrica, la entrega de un grupo electrógeno para garantizar la continuidad del suministro y por lo tanto, la vida de su hijo. Sin embargo y aún cuando la ley de electrodependientes establece que Máximo tiene derecho a un servicio eléctrico estable que satisfaga sus necesidades médicas dentro de su hogar, la empresa se negó a entregar el grupo electrógeno, aduciendo que cumplen con su obligación de dar el UPS.
En este contexto Zelarayán, abogada que lleva el caso de Máximo, repudió la demora judicial "el proceso una vez más es dilatado y restrictivo, evidenciando la indiferencia de Ec Sapem, pese que tanto el Juzgado en primera instancia como la Cámara de Apelaciones dieron fuertes argumentos en favor de Máximo y la interpretación de la ley en el sentido de reconocer su pretensión". Por su parte, la empresa apeló la sentencia, presentando un recurso de casación que dilata aún más el proceso judicial.
En este punto tanto Carrizo como Zelarayán coincidieron que "la falencia de la Justicia radica en la demora de resolver estos tipos de casos, pero destacan los argumentos de las sentencias que hacen prevalecer el derecho a la vida, a la salud, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con discapacidad. Esta es la justicia que queremos, la que protege a los catamarqueños".
"La falta de compromiso de la empresa de suministrar la energía y la indiferencia hacia la situación de hipervulnerabilidad de estas personas, que pone en riesgo la vida de las personas electrodependientes y vulnera sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud, demuestran la necesidad de una regulación y fiscalización más estricta por parte del Estado para garantizar la protección integral de los derechos de las personas electrodependientes" sostuvo Carrizo.