"Consideramos que esta iniciativa atenta contra los principios básicos del derecho familiar y socava la dignidad de las instituciones jurídicas que protegen los derechos de las personas. El matrimonio es una institución que debe ser tratada con la seriedad y el respeto que merece y cualquier modificación a su estado debe realizarse a través de un proceso judicial que garantice el debido proceso, el análisis de las circunstancias particulares de cada caso, y la protección de los derechos de todas las partes involucradas", expresa un comunicado.
Y seguidamente agrega: "La disolución administrativa del vínculo matrimonial implica una simplificación peligrosa de un asunto que, por su naturaleza, involucra emociones profundas, derechos patrimoniales, responsabilidades parentales y cuestiones de bienestar familiar. Esta legislación, al eludir el ámbito judicial, podría llevar a decisiones arbitrarias y carecer de la supervisión necesaria para evitar abusos".
En este sentido, exigen: "Exhortamos a los legisladores a reconsiderar esta propuesta y a buscar alternativas que fortalezcan la protección de los derechos de los ciudadanos, promoviendo un marco legal que contemple el respeto a la familia como núcleo esencial de nuestra sociedad".
"Instamos a la ciudadanía a manifestar su preocupación y a unir esfuerzos para garantizar que cualquier reforma en materia de derecho familiar respete los principios fundamentales de justicia y equidad. No se trata únicamente de defender nuestra formación universitaria y experiencia profesional, sino de proteger los derechos fundamentales de las personas que podrían verse perjudicadas por la eliminación de instancias judiciales. Estas instancias garantizan la seguridad, certeza e imparcialidad necesarias para cualquier cambio que afecte sus situaciones personales o patrimoniales dentro del ámbito jurídico", finaliza el escrito.