Laura Fernanda Leguizamón, de 51 años, no era una desconocida del sistema. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico, lo que implica que había señales, diagnósticos, consultas médicas, y supuestamente una red de contención que debía estar activa. Sin embargo, algo falló de manera catastrófica. Y como suele ocurrir, cuando la atención no es suficiente, oportuna o adecuada, las consecuencias no solo afectan al paciente, sino que pueden extenderse a su entorno más íntimo con resultados devastadores.
Por caso, Catamarca lidera el ranking de suicidios en el país y de altos registros de casos de maltrato y abuso infantil. Además las crónicas policiales dan cuenta a diario de episodios de extrema violencia intrafamiliar y ni hablar de la violencia de género que aumentó considerablemente con casos de femicidios. Este combo pone en evidencia el grave deterioro de la salud mental en nuestra sociedad y la falta de respuestas desde el estado principalmente, un estado indolente preocupado más por mantener a la sociedad entretenida con pan y circo. Debiera cambiar el paradigma y centrarse en políticas acordes a estos tiempos, tal como revertir el grave deterioro de la salud mental de las personas.
La matanza en Villa Crespo no es la primera vez que ocurre una tragedia así. Y, lamentablemente, no será la última si seguimos confiando en un sistema de salud mental que en demasiados casos actúa de manera burocrática, desarticulada y desbordada. El seguimiento terapéutico suele depender más de la voluntad del paciente y de su familia que de una estructura sólida y vigilante por parte del Estado o de las instituciones privadas. Muchos profesionales están saturados, con agendas repletas, escasa supervisión interdisciplinaria y sin herramientas suficientes para actuar cuando detectan situaciones de alto riesgo.
Además, existe una preocupante desconexión entre los distintos actores involucrados: psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, servicios sociales y, especialmente, la Justicia. Los pacientes pueden pasar años en tratamiento sin que nadie se detenga a evaluar seriamente si representan un peligro para sí mismos o para terceros. Y cuando finalmente lo hacen, suele ser demasiado tarde.
No se trata de estigmatizar a quienes padecen trastornos mentales. Todo lo contrario: debemos exigir un sistema verdaderamente inclusivo, con recursos adecuados, seguimiento efectivo y respuestas rápidas. Porque cuando la salud mental falla, no solo sufre quien la padece. Sufren las familias, las comunidades, y en casos como este, se paga con vidas.
Urge repensar el abordaje de la salud mental en la Argentina. Urge que dejemos de reaccionar ante la tragedia y empecemos, de una vez por todas, a prevenirla.