Durante el procedimiento, se constató la presencia de un trabajador en situación de informalidad, quien percibía un salario mensual de 300 mil pesos, prestando servicios de lunes a domingos, sin gozar de francos compensatorios, en clara vulneración de la normativa laboral vigente.
Asimismo, se verificó que la patronal no le proveía ropa de trabajo y que el trabajador habitaba en un lugar precario, con filtraciones y riesgo de colapso estructural, lo que representa un peligro para su integridad física.
Ante esta situación, los organismos intervinientes labraron las actuaciones correspondientes y dieron inicio a los procedimientos administrativos de rigor, en el marco de la legislación laboral y de protección de los derechos de los trabajadores rurales.