El gobierno nacional no pudo llegar la semana pasada a un acuerdo con los docentes por la importante diferencia entre lo que reclaman los gremialistas y el porcentaje que está dispuesto a avalar el Estado nacional. Las paritarias de los docentes son clave para marcar el ritmo de aumento de otros trabajadores pero también para las finanzas provinciales.
En promedio más del 50% del gasto primario provincial se destina a pagar salarios y de ese porcentaje un 50% se asigna a sueldos docentes, es decir un 25% del gasto total.
De acuerdo a cálculos de Economía y Regiones, por cada punto porcentual de alza que se otorgue a los docentes, el gasto primario provincial subirá en $ 1.100 millones este año. De esta manera, si el incremento es de 22%, las erogaciones de las provincias aumentarán en $ 24.200 millones mientras que si se accediera al pedido de los gremios más combativos que piden un incremento de 61% el gasto provincial aumentaría en $ 67.100 millones. La diferencia entre lo que propone el Estado nacional como piso de incremento y lo que pretenden los gremios más combativos implica una diferencia de casi $ 43.000 millones para las provincias.
La situación no es la misma en todas las provincias y es por ello que los gobernadores tienen diferentes posturas. De acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) mientras que en Río Negro el gasto en personal explica el 62% de sus erogaciones, en San Luis apenas llega al 31%, de acuerdo a los últimos datos disponibles.
Esto explica en parte que San Luis se haya desentendido de la negociación nacional y cerrado un acuerdo con un incremento de 30%, lo que llevó a $ 5.500 el sueldo inicial de un maestro en esa provincia, en línea con la cifra que hoy reclaman a nivel nacional los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT). En Córdoba se vive una situación similar: aunque aún no se cerró el convenio porque a los gremialistas les resulta insuficiente, la administración de José Manuel de la Sota ofreció un alza de 31,6%, lejos del 22% ofrecido por el gobierno nacional.
Tanto San Luis como Córdoba no están enmarcados dentro del plan de reestructuración de deuda y se manejan con sus propios ingresos y criterios. Las que firmaron la prórroga están atados a la pauta nacional, porque de lo contrario pueden no volverle a prorrogar vencimientos”, explicó Guillermo Giussi, analista fiscal y financiero de Economía & Regiones.
La oferta gubernamental de 22% en tres tramos está muy lejos de lo que pretenden los sindicatos. La Ctera reclama un incremento de 42,27% mientras que los gremios enrolados en la CGT pretenden un alza de 61%.
A pesar que negocia con los sindicatos docentes, el gobierno nacional no tiene escuelas a su cargo y el peso del funcionamiento educativo recae casi exclusivamente sobre las provincias. Lo que hace el Estado Nacional al tratar de acordar una suba con los gremios del sector es marcar la pauta para los distritos.
En este sentido, Buenos Aires ya adelantó que ofrecerá un 25% de incremento salarial y debido a los compromisos que tiene con el gobierno central no se apartará demasiado de la pauta mientras que el gobernador de Río Negro, que tiene gran parte del gasto comprometido en salarios, ya adelantó que no otorgará un incremento superior al 20%.
Probablemente habrá desaceleración de la actividad y la recaudación no se va a poder mantener en las provincias y en función de eso los gobernadores no quieren otorgar mayores incrementos”, explicó Ariel Barraud, economista del Iaraf.
Son diferentes las realidades de cada provincia pero la mayoría no tiene margen para subir impuestos”, agregó.
En este sentido, para el analista un aumento en torno al 40% como el que se otorgó a las fuerzas de seguridad a fines del año pasado complicaría las finanzas provinciales y tendría efectos sobre la actividad económica mientras que incrementos en torno al 25% son “manejables”.