Datos publicados por La Nación, que citó fuentes policiales
e información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), indican
que funcionan con autorización permanente o temporal sólo unas 500 pistas en el
país.
Tras identificar espacios habilitados que presentan
irregularidades, buscarán inutilizarlos para que no operen al servicio del
narcotráfico. Requerirán la participación de la justicia federal.
La cartera de Seguridad, según ese medio, promete inutilizar
cientos de espacios de aterrizaje privados dispersos por toda la geografía
argentina, que no cuentan con habilitación para operar.
Las pistas están ubicadas en campos privados. En su mayoría
fueron declaradas en algún momento ante las autoridades de aviación civil, pero
sus propietarios no volvieron a cumplir con los requisitos de habilitación
establecidos por la ANAC. Para los investigadores del narcotráfico, esos campos
son potenciales lugares de aterrizaje de aeronaves en vuelo ilegal que
transportan droga.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también habló del
tema en su última visita a la Cámara de Diputados. Allí dijo que se habían
'localizado' 1400 pistas 'declaradas' y 'otras' 500 de las que no había
información previa.
La habilitación de pistas de aterrizaje corre por cuenta de
la ANAC, el organismo encargado de administrar la aviación civil, regulando,
fiscalizando y certificando las actividades aeronáuticas de distinto tipo.
Según la normativa, existen dos tipos de aeródromos o pistas que pueden
habilitarse: públicos y privados.
Los públicos tienen una finalidad de utilización general, y
a ellos puede acceder cualquier interesado, sin solicitar ningún permiso. Esta
premisa no significa que los predios deban ser públicos. Pueden ser privados.
En esta categoría se incluyen los aeroclubes y las escuelas de vuelo, que son
espacios privados de uso público. También aquí se incluyen los aeropuertos. En
cambio, los aeródromos habilitados para uso privado generalmente son pistas
ubicadas en campos, y utilizadas por sus propietarios para vuelos particulares,
y también utilizadas por los aviones fumigadores.
En estos casos, las pistas propias son habilitadas conforme
a las normas de seguridad operacional, aunque el propietario puede reservarse
el derecho de publicarlo (en el registro donde figuran todas estas
habilitaciones). Para todo tipo de habilitación, se verifica la seguridad operacional
de cada pista. Así, el propietario del predio (ya sea éste municipal o una
entidad sin fines de lucro, la provincia, el Estado nacional o una propiedad
privada), presenta la documentación y el pedido ante la ANAC. Este organismo es
el que evalúa el requerimiento, y aplica en esa evaluación las Normas de
Regulación Argentina de Aviación Civil (RAAC).