La audiencia, anunciada la semana pasada en
el diario Clarín y reproducida por el portal web de ese matutino, fue
solicitada por las organizaciones Poder Ciudadano, Cippec, Asociación por los
Derechos Civiles y Unidos por la Justicia, a las que el Gobierno vinculó con la
oposición.
Alak anunció que el Gobierno se presentará
a la justicia federal para que determine si el pedido de audiencia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitaron
organizaciones civiles argentinas, para que se investigue la supuesta
injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, violó la veda electoral en
vigencia.
"El Gobierno considera que es una
forma encubierta de violar el código electoral, en tiempos de veda, y que el
pedido fue pensado como una manera de impactar negativamente al Gobierno en la
opinión pública", explicó el ministro en la Casa Rosada.
Antes de que hablara Alak, Timeran leyó una
declaración en la que sostuvo que "el Gobierno argentino denuncia que
dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en
el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la
oposición y al Grupo Clarín".
"Como es de público y notorio
conocimiento -enfatizó-, en pocas horas se celebrarán en nuestro país
elecciones generales, en cuyo marco se elegirá al nuevo Presidente de la
República, entre otros importantes cargos electivos en el orden nacional y
provincial".
En esa línea, dijo que "consecuente
con sus obligaciones internacionales y su compromiso con la democracia y los
derechos humanos, la Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa
audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente".
Recordó que "hace más de un mes la
embajadora ante la OEA, Nilda Garré, se comunicó con el secretario General de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicarle las
implicancias negativas de que la OEA trate un tema que forma parte del debate
electoral a 48 horas de las elecciones nacionales".
Reveló que "ante la negativa de la
Comisión de postergar unos días la realización de la audiencia es que me vi
obligado a enviar una carta a la Comisión de la OEA anunciando que la Argentina
no participaría de una audiencia con un claro objetivo de interferir en el
proceso electoral”.
"Cabe resaltar -detalló- que la
Argentina ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo ésta
la primera vez que se ve obligada a no presentarse".
El canciller insistió en que "es
preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara
direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos
político-mediáticos".
"Sería muy grave si la Comisión
decidió a sabiendas igualmente participar de la operación mediática contra el
gobierno argentino", aseveró y analizó que "llama poderosamente la
atención que esa Comisión" haya decidido igualmente convocar a la
audiencia para un tema que "no requiere un trato urgente, una resolución
inmediata o una acción para evitar un perjuicio irreversible".
En esa dirección, sostuvo que "no es
ajeno a esta lamentable actitud el tema del financiamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que se acepta dinero de fuentes
privadas o de países no americanos, sin que los Estados miembros de la OEA
tengan el derecho de decidir el destino del mismo".
"Este sistema de financiamiento
-puntualizó-, criticado por nuestros países, convierte a la Comisión en
instrumento de intereses políticos que nada tienen que ver con los Derechos
Humanos y que sirven a los objetivos de países y grupos políticos que buscan
interferir en los asuntos internos de nuestros países".
Por eso, el canciller lamentó que "la
Comisión, que tanto ha hecho en su función principal de promover la defensa de
los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el
continente, hoy no acompaña con la misma sabiduría, convicción y criterio los procesos
democráticos en América".
"La Argentina seguirá sosteniendo una
permanente política de cooperación y fortalecimiento del Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos como lo ha hecho desde la recuperación de la
democracia, recogiendo el legado de la histórica visita de la Comisión al país
en el año 1979", subrayó.