La aprobación en Senadores tuvo el apoyo de la UCR, el Peronismo Federal y el bloque Progresistas, y el rechazo del PRO, que también había votado en contra en la Cámara Baja.
El punto clave es que se define el acceso como "libre e irrestricto" y se cierra la puerta al examen de ingreso, un mecanismo que en la práctica algunas universidades implementan bajo la modalidad de cursos de nivelación.
Algunos expertos rechazaron la nueva ley, con el argumento de que interfiere con la autonomía universitaria y establece medidas "demagógicas".
La nueva norma modifica la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, de 1995. Uno de los principales cambios es la incorporación del artículo 2 bis, que explicita que las carreras de grado en las universidades públicas son gratuitas.
Pocas universidades públicas cobran aranceles optativos, como la Untref (hasta 2011, también la de Córdoba). La ley cierra la posibilidad de hacerlo a futuro.