El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal
propusieron que las intervenciones telefónicas judiciales queden a cargo
de las provincias. Lo hicieron durante una reunión de sus representantes con el
ministro de Justicia, Julio Alak.
Los dos consejos, que nuclean a los procuradores y fiscales
generales de todas las provincias del país, también les enviaron su propuesta a
los presidentes de los distintos bloques del Senado, donde comenzó a
debatirse la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso para reformar la
Secretaría de Inteligencia (SI).
Uno de los puntos más controvertidos es quién quedará a
cargo de las escuchas judiciales. De acuerdo al proyecto del Gobierno –que
lleva la firma de Alak, entre otros–, será la Procuración General de la Nación.
Según la propuesta de los fiscales generales, cada provincia
deberá determinar qué organismo debe estar a cargo de las escuchas. Sin
embargo, ambos Consejos creen que debería ser el Ministerio Público.
"Estamos de acuerdo que las escuchas en las causas
federales y nacionales estén a cargo de la Procuración General de la Nación
pero en las causas de competencia provincial entendemos que las escuchas tienen
que estar al frente de las procuraciones provinciales", explicó el fiscal
general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal,
Eduardo Quattropani. Y comentó que el objetivo sería asegurar la autonomía
provincial.
No obstante, el fiscal sanjuanino aclaró que "debe
reservarse para el organismo de inteligencia una cierta capacidad de poder
ordenar escuchas telefónicas para determinados temas que hacen a la seguridad
del país".