Los datos, actualizados al 18 de marzo, no incluyen las
últimas sentencias al ex alférez Angel Pezzeta, condenado en La Rioja por el
asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la
reciente al ex comisario Agustín Echeverría, en Formosa, por tormentos.
El informe registra que en los últimos nueve años se
dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613
sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.
Sobre la cantidad de imputados detenidos, se contabilizan
970, con la mayoría (57%) alojada en unidades penitenciarias, el 40% en
domicilios, el 1,5% en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en
hospitales.
Según el registro, existen en el país 456 expedientes en
trámite, excluyendo las acumuladas a una misma investigación, y 120 causas a
las puertas del juicio oral, con 889 procesados.
En tanto, la cantidad de prófugos hasta el momento suman 45,
2 de ellos fugados luego de ser condenados.
El relevamiento realizado por la Procuraduría que encabeza
el fiscal Jorge Auat, y coordina Carolina Varsky, en base a los informes
remitidos por los fiscales de todo el país se enmarca en la preocupación
manifestada por fallos adversos que benefician a civiles imputados a los
crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.
A propósito, la semana pasada, la Procuraduría encabezó una
reunión de fiscales que resolvieron convocar a querellantes y organizaciones de
derechos humanos para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del
país.
Fuente: Télam