Motorizados por la falta de números, por el desconocimiento
de la magnitud real del fenómeno que intentan combatir –la trata de personas–,
estas dos instituciones se lanzaron a bucear en las listas de desaparecidos de
todo el país.
Recibieron toneladas de información de algunas provincias,
nada de otras, y con la mayor rigurosidad permitida por el desastre de los
registros pudieron concluir que hoy en Argentina hay 6040 niñas, niños,
adolescentes y adultos que están siendo buscados, desaparecidos por distintos
motivos.
La región NEA presenta 417 casos, con una mayoría de mujeres
desaparecidas que ronda el 67%. El mayor número de casos, se acumula entre los
11 y los 16 años, y el pico se registra a los 16. Misiones es la provincia que
más casos aporta (129), seguida de Corrientes (128), Chaco (120) y Formosa
(31).
Los datos procesados arrojaron que, del total de personas
desaparecidas, un 54% está constituido por mujeres, mientras que el 46%
restante lo encarnan varones.
Si bien la diferencia porcentual puede parecer poco
significativa, el cruzamiento de los datos del sexo de las personas
desaparecidas con las edades al momento de desaparecer agrega un aspecto
interesante.
En el caso de las mujeres, se manifiesta un marcado pico de
casos en la adolescencia (de los 12 a los 18 años), mientras que en los varones
se distribuye de manera más pareja a lo largo de todas las edades, aunque
también se observa un incremento de casos en la juventud.
"De ello podría deducirse que, si bien para ambos sexos la
adolescencia y la juventud representan un período de mayor vulnerabilidad en
relación con las desapariciones, en las mujeres ese período resulta aún más
crítico”, concluye el informe.
No hay una sola explicación sobre por qué las mujeres
desaparecen tanto entre los 12 y los 18 años, pero si se tiene en cuenta que
–según datos del Ministerio Público Fiscal– el 99 por ciento de las víctimas de
trata sexual son mujeres jóvenes, éste puede resultar un dato sugerente.
El informe insiste en la importancia de distinguir el
subconjunto de desapariciones relacionadas con la comisión de un delito de las
que no aparecen asociadas a un ilícito.
De esta manera, si es posible vincular desde el principio la
desaparición de una persona con un delito, se abre la intervención de
instancias de la Justicia penal y la investigación con el objetivo de hallar a
la persona coexiste con el objetivo de acreditar el hecho delictivo.
La investigación confirma que hay casos en los que, pese a
que tempranamente se manifiestan indicios de que la desaparición podría estar
relacionada con una red de trata, se los ignora y retoma a modo de ejemplo el
caso de Ramona Nicolasa Mercado, que desapareció en 2005 en La Rioja, cuando
tenía 13 años.
En contra de las sospechas de su familia, la causa fue
caratulada rápidamente como "fuga de hogar”. Al poco tiempo fue vista en un
prostíbulo de Córdoba.
ACCT y la Protex consideran además que los datos requeridos
por las instituciones que reciben las denuncias por desaparición son, en
general, escuetos, confusos y poco útiles para la elaboración de una hipótesis
y la puesta en marcha de la búsqueda.
Como un primer aporte, los investigadores proponen un
formulario estandarizado que recabe información más detallada sobre la persona
desaparecida y su contexto, que sirva como insumo en la búsqueda e incluso
posibilite el cotejo con NN.
La creación de un sistema centralizado de información sobre
desapariciones a nivel nacional surge como otra necesidad fundamental tendiente
a generar investigaciones más rigurosas y profesionales.
"Sin dudas, la construcción de un sistema adecuado de
listas, alertas y comunicación a nivel nacional es uno de los principales
desafíos pendientes que refleja este informe”, concluye el documento.