Comenzó el juicio por la muerte de 35 internos del penal de
varones de Santiago del Estero, los cuales murieron a causa de un incendio
generado en 2007. En este marco, serán juzgados los procesados por homicidio y
lesiones culposas en concurso ideal: Osvaldo Martín, Carlos Sánchez, Mariano
Cuellar, Segundo González, Adrián Bellido, Carlos Salomón, Juan Coronel, Manuel
Ocampo y Andrés García.
El caso del incendio en el penal de Santiago del Estero es
uno de los peores desastres en la historia del servicio penitenciario
argentino. Basta recordar que en 1978, en un caso similar ocurrido en Villa
Devoto, murieron 61 internos y que en otro incendio en Olmos, en 1990,
perecieron 35. Sin embargo, los medios provinciales y nacionales prácticamente
ignoraron el juicio.
Desde muy temprano se pudo ver a los familiares de las
víctimas por los pasillos de tribunales junto a sus abogados. La mayoría de los
internos muertos provenía de barrios muy humildes.
Una de las cuestiones que se intentará develar en el juicio
es la existencia o no de un motín el día del incendio. En su momento, los
familiares de las víctimas aseguraron que "no fue ni una fuga ni un motín; los
prendieron fuego, algunos murieron golpeados, otros carbonizados”.
Según esos testimonios los guardias imputados habrían
trabado las puertas desde afuera para que los internos no pudiesen escapar del
incendio. Sumado a esto, también se denunció que muchos de los presos no solo
habían muerto por asfixia, sino que además tenían golpes propinados por los
guardias.
Luego del hecho, los familiares de las víctimas denunciaron
que eran perseguidos para no realizar reclamos y que incluso hubo ofrecimientos
de dinero a cambio del silencio. El Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), en un informe presentado en aquel momento, declaró que el Estado tenía
una responsabilidad directa en las muertes de los 35 reclusos y adjuntó los
datos que se habían difundido en 2005, donde se alertaba que el penal
santiagueño tenía una superpoblación del 122 por ciento. Advirtió además que de
las 444 personas alojadas ahí, 276 no poseían sentencia firme.
En ese contexto, el gobernador de aquel entonces, Gerardo
Zamora, emitió el decreto 1725/07, que determinó la emergencia penitenciaria. El paso siguiente,
fue ordenar al Ministerio de Justicia la "optimización, agilización y
disposición de lo necesario para reorganizar el sistema penal”.
Durante el transcurso de mayo y junio, el juicio seguirá su
marcha y se oirán testimonios de notable interés sobre una de las deudas de la
democracia. Aunque por supuesto no tenga la atención de los medios.
Fuente: APU