La investigación comenzó con dos denuncias que realizaron
asesores letrados del Consejo General de Educación ante el Juzgado en lo
Criminal y Correccional de Tercera Nominación, que abarcaban a 47 personas
sospechadas de la maniobra delictiva.
El juez Darío Alarcón amplió una primera imputación y se
elevó a 24 la cantidad de educadores de distintos niveles que deberán responder
al requerimiento del fiscal de instrucción, Julio Vidal.
De acuerdo a lo que publicó Agencia DyN, fuentes vinculadas
a la investigación aseguraron que sólo una de las acusadas está privada de su
libertad y el viernes fue indagada, oportunidad en la que se proclamó inocente
de los cargos que se le atribuyen. En
Por efecto de esta situación, la cantidad de pedidos de
licencia por razones de salud en Reconocimiento Médico para el sector docente
decreció a 70 por día, cuando el promedio antes de este conflicto era de
aproximadamente de 200, destacaron fuentes de ese organismo según informó la
agencia DyN. (InfoGEI)