El Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), presidido por Horacio Verbitsky, emitió un comunicado en el cual
calificó como "gravísimo” el precedente de la protesta social luego de que
detuvieran en Jujuy a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
"Hoy la dirigente del movimiento Tupac
Amaru Milagro Sala fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar
a cometer delitos y de sedición. Estos hechos se le imputan porque, según el
acta del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras
personas para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos "mediante
arengas, señalamientos, ademanes y gestos", indican desde el CELS.
"Según las autoridades judiciales esta
actividad de persuasión tuvo por objeto que un grupo de personas ocupe
lugares públicos restringiendo la circulación de vehículos, lo que
configuraría un delito. El segundo delito que se le imputa, el de sedición,
acusa a Sala se haberse alzado públicamente junto con los demás acampantes
contra la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy de ejecutar el Plan
de Regularización y transparencia de cooperativas. Según el acta, este diagnóstico
surge de un informe del gobernador Gerardo Morales que afirma que hay personas
que se niegan a aportar datos y por lo tanto obstaculizan la ejecución del
Programa.”; agregan en el texto.
"Por
lo que se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención es producto de
una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido
criminalizar la protesta. A Sala se le imputan vaguedades y se le suman delitos
para justificar una pena en expectativa que habilite su detención. En este
caso, vemos no solo la decisión de criminalizar la protesta haciendo una
interpretación formalista del delito de corte de calle sino también una
formulación general de la instigación al corte de una vía pública. Y además, se
agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria”;
detallan en el texto.
Si se siguiera el razonamiento del juez
Raúl Eduardo Gutierrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de
una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una
resolución de gobierno podría implicar el delito de "alzarse públicamente
para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial".
El fiscal de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones públicas
que la detención tuvo que ver con que Sala "se alzara en contra de las
decisiones gubernamentales", indican.
"Criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal.”, concluye el CELS en el escrito.